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El relevo en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) marca un punto de inflexión para la política exterior mexicana. Tras la salida de Juan Ramón de la Fuente, el ascenso de Roberto Velasco representa no sólo un cambio de nombre, sino un intento por reconfigurar la estrategia diplomática del país en un entorno internacional cada vez más complejo.

Velasco, quien se desempeñaba como jefe de la Unidad para América del Norte, ha sido una figura clave en la relación con Estados Unidos, particularmente en temas sensibles como migración, seguridad fronteriza y cooperación económica. Su perfil técnico y su cercanía con los procesos de negociación bilateral lo posicionan como un operador experimentado, aunque ahora enfrentará el reto de trascender el enfoque regional y construir una visión global.

El nuevo titular de la SRE llega en un momento crítico. La presión migratoria en la frontera norte continúa en aumento, mientras que la relación con Washington exige equilibrio entre cooperación y defensa de la soberanía. A ello se suman las tensiones comerciales y la reconfiguración de cadenas productivas, donde México tiene una oportunidad estratégica que requiere una diplomacia más activa y articulada.

En el ámbito multilateral, el desafío será recuperar presencia. Durante los últimos años, México ha mantenido un perfil bajo en espacios como la Organización de las Naciones Unidas, lo que ha limitado su capacidad de incidencia en debates globales. Velasco tendrá que definir si apuesta por una política exterior más proactiva o mantiene la línea de cautela que caracterizó la administración anterior.

Otro frente clave será América Latina. La región atraviesa un periodo de cambios políticos y reacomodos ideológicos, lo que abre la posibilidad de que México retome un papel de liderazgo. Sin embargo, esto requerirá más que discurso: demandará estrategia, constancia y capacidad de interlocución efectiva.

A nivel interno, el nuevo canciller también deberá fortalecer la estructura diplomática, mejorar la comunicación institucional y dotar de coherencia a la narrativa de política exterior. La SRE enfrenta el reto de proyectar claridad en un momento donde las decisiones internacionales impactan directamente en la agenda económica y política nacional.

El nombramiento de Roberto Velasco es, en esencia, una apuesta por la continuidad con ajustes. Su conocimiento de la relación con Estados Unidos es una ventaja, pero su éxito dependerá de su capacidad para ampliar el horizonte y posicionar a México como un actor relevante en el escenario global.

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En un contexto de debate sobre el rumbo institucional del país, cuatro figuras históricas de la política mexicana hicieron público un llamado a revisar y fortalecer el sistema electoral, argumentando que la democracia mexicana requiere ajustes que garanticen elecciones libres, justas y transparentes.

Los firmantes sostienen que el objetivo debe ser mejorar la democracia, no abaratarla ni distorsionarla, y advierten sobre cualquier intento de debilitar la autonomía de las autoridades electorales, particularmente el Instituto Nacional Electoral (INE) y los OPLES. Subrayan la importancia de mantener la profesionalización del personal electoral y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), al considerar que su eliminación implicaría un retroceso histórico comparable a las controversias postelectorales de 1988.

Sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados

Uno de los puntos centrales del posicionamiento es la crítica a la sobrerrepresentación legislativa registrada en 2024. Según el documento, la alianza encabezada por Morena obtuvo el 54% de los votos, pero alcanzó el 73% de las curules, lo que califican como una distorsión de la voluntad popular.

Ante ello, proponen eliminar por completo el margen de sobrerrepresentación del 8% permitido actualmente y respetar el límite constitucional de 300 diputaciones máximas por partido o coalición. El planteamiento busca que el número de escaños refleje de manera más proporcional la votación efectiva.

Reconfiguración del Senado

En cuanto a la Cámara Alta, coinciden con propuestas para suprimir los 32 senadores de lista nacional, pero plantean mantener un Senado de 96 integrantes, electos mediante 32 listas estatales con tres escaños por entidad, asignados bajo un sistema de proporcionalidad directa. El objetivo, sostienen, es evitar nuevas distorsiones en la representación.

Financiamiento y equidad

El comunicado también aborda el tema del financiamiento público a partidos políticos, que consideran excesivo y ofensivo para la ciudadanía. Proponen reducirlo sin afectar la equidad en la competencia electoral, y garantizar que los programas sociales no sean utilizados con fines partidistas.

Asimismo, defienden mantener el tiempo oficial del Estado en radio y televisión, pero modificar su uso para privilegiar más información y debates, y menos spots propagandísticos.

Llamado al diálogo

Finalmente, los firmantes convocan al gobierno, legisladores y partidos políticos a abrir espacios de diálogo para construir consensos que fortalezcan la institucionalidad democrática.

El posicionamiento refleja una preocupación de sectores tradicionales de la política mexicana frente a los cambios en la correlación de fuerzas en el Congreso y abre el debate sobre la representatividad, equidad electoral y equilibrio de poderes en el país.

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No hay en México un movimiento que haya sido más ambientalista que la Cuarta Transformación. Reto a quien sea a demostrar lo contrario. No lo digo desde la consigna ni desde la comodidad del escritorio: mi convicción nace del territorio y de los hechos verificables.

En Quintana Roo el medio ambiente significa sustento, trabajo, identidad y futuro. Aquí, si se rompe el equilibrio entre naturaleza y sociedad, se rompe todo: la pesca, el empleo, la cohesión social. Por eso esta historia no se puede contar desde una oficina en la capital; se tiene que contar desde la selva, desde el mar, desde las comunidades que viven del territorio y lo cuidan todos los días.

El modelo que fracasó: neoliberalismo y devastación

Durante los gobiernos del PRIAN, México vivió bajo un modelo neoliberal que convirtió a la naturaleza en mercancía y al Estado en espectador, cuando no en cómplice. Se autorizó la privatización de playas, la sobreexplotación de acuíferos, la fragmentación de ecosistemas por infraestructura sin planeación y la extracción masiva de recursos naturales sin restauración ni responsabilidad social.

Ese modelo dejó una herencia clara y documentada por las propias instituciones ambientales: pérdida de cobertura forestal, deterioro de arrecifes, contaminación de suelos y agua, y comunidades excluidas de los beneficios del desarrollo. No fue un accidente: fue una forma de gobernar que privilegió el negocio por encima del medio ambiente.

El quiebre histórico: territorio como patrimonio del pueblo

La Cuarta Transformación rompió con esa lógica. No solo en lo social, también en lo ambiental. Cambió el eje de decisión: el territorio dejó de verse como botín y empezó a entenderse como patrimonio del pueblo.

Hoy Quintana Roo cuenta con más de 1.5 millones de hectáreas bajo algún régimen de protección ambiental, lo que equivale aproximadamente al 34 % del territorio estatal, de acuerdo con registros oficiales de áreas naturales protegidas federales y estatales. Esa cifra no es retórica ni casualidad: es el resultado de decisiones políticas concretas que colocaron al medio ambiente por encima del negocio y al largo plazo por encima del saqueo.

Este avance se inscribe en una política nacional que fortaleció la conservación, la vigilancia y el reconocimiento del valor ambiental del territorio, particularmente en regiones históricamente presionadas por intereses económicos.

De estados subordinados a estados que deciden

Este cambio tampoco ocurrió en aislamiento. Por primera vez, las entidades federativas participan de manera real y sustantiva en la política ambiental nacional. Lo afirmo desde la Presidencia de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE): los estados dejamos de ser ejecutores pasivos de decisiones centralizadas y hoy incidimos activamente en la agenda climática del país.

Un ejemplo concreto es la construcción y actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0) rumbo a la COP30, un compromiso internacional asumido por México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Construimos en equipo con SEMARNAT esta hoja de ruta climática incorporando la realidad territorial, las capacidades locales y la corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno. Se acabó la simulación de escuchar a los gobiernos subnacionales: hoy hay consenso, coordinación y responsabilidad compartida.

El ambientalismo político-electoral y el caso Tren Maya

Este nuevo paradigma incomodó a quienes nunca hicieron del medio ambiente una prioridad. Hoy, muchos detractores de la Cuarta Transformación utilizan un ambientalismo político-electoral, cuyo interés principal es la confrontación política más que la protección ambiental. Es más contra la 4T que a favor del medio ambiente.

El caso del Tren Maya es el ejemplo más claro. Durante años se intentó imponer la narrativa del “ecocidio”. Sin embargo, el análisis de los procesos regulatorios, los datos oficiales y la conversación pública —documentado por el diputado federal Joaquín Zebadúa— demuestra algo fundamental: gran parte de esa crítica no fue ambiental, fue política.

Según este análisis, la evidencia indica que la inmensa mayoría de lo dicho sobre el Tren Maya en redes sociales carece de sustento técnico y responde, en cambio, a una dinámica de confrontación ideológica y capitalización mediática y digital. Los picos de conversación entre 2021 y 2025 no coinciden con los periodos de mayor impacto ambiental ni con hitos técnicos de la obra, sino con coyunturas políticas.

No es que el Tren Maya no haya generado impactos o que no existan áreas de oportunidad en su regularización —las cuales han sido reconocidas y atendidas por las autoridades ambientales conforme a los procesos institucionales encabezados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales—, sino que resulta injusto construir una narrativa sesgada para presentar a la Cuarta Transformación como ajena al ambientalismo.

Existe evidencia robusta de que la percepción territorial es distinta a la conversación digital. De acuerdo con el estudio Entorno a Ti (2025), 66 % de los mexicanos considera que el Tren Maya es una obra necesaria para el desarrollo regional, siempre que se minimicen los impactos ambientales. Estos datos confirman la distancia entre la narrativa digital y la percepción en territorio.

Ambientalismo del norte vs. ambientalismo del sur

Aquí emerge una verdad incómoda: existe un ambientalismo elitista y centralista —el ambientalismo del norte— que pretende decidir desde lejos qué regiones pueden avanzar y cuáles deben permanecer en el rezago.

La Cuarta Transformación rompió con esa visión. El Tren Maya incorporó estudios de impacto ambiental, medidas de mitigación, pasos de fauna, restauración ecológica y monitoreo como nunca antes se exigió en una obra de esta magnitud en México. Pero, sobre todo, incorporó justicia territorial, porque no hay justicia ambiental sin justicia social.

De ahí surge un nuevo enfoque: el ambientalismo del sur. Un ambientalismo que parte de una verdad sencilla pero profunda: no se puede proteger la naturaleza condenando a las comunidades a la pobreza. Es un ambientalismo que nace del territorio, que entiende que la selva, el agua y el mar son vida, trabajo y cultura. A diferencia del ambientalismo que conserva excluyendo, el ambientalismo del sur protege integrando, con participación comunitaria y responsabilidad ambiental.

Hechos que sostienen el discurso

La Cuarta Transformación opera bajo esta lógica con acciones concretas. En Quintana Roo, el sargazo se abordó no como un problema cosmético, sino como un fenómeno ambiental y económico complejo. Se creó el primer Centro de Monitoreo del Sargazo en México, con observación satelital para anticipar arribos; se instalaron 17 kilómetros de barreras antisargazo; y se avanzó en esquemas de economía circular, transformando el sargazo en insumo energético mediante proyectos de biogás.

En Cozumel, la revocación definitiva del cuarto muelle por parte de la autoridad ambiental federal marcó un precedente: el desarrollo no puede imponerse sobre los ecosistemas. Se protegió un arrecife y se respetó el mandato ciudadano frente a un proyecto que pretendía generar un impacto ambiental irreversible.

Restaurar lo que se destruyó

El cambio no fue solo conservar lo que quedaba, sino empezar a reparar el daño. La Ley General de Economía Circular, aprobada por el Congreso, cerró la puerta al modelo de usar y tirar. El Programa Nacional de Restauración Ambiental 2025–2030 reconoció oficialmente una deuda ecológica del Estado mexicano y construyó un plan para hacerle frente.

En Quintana Roo, programas como Transforma y Recolecta y Recicla por tu Futuro permitieron recuperar toneladas de residuos valorizables, llantas y residuos electrónicos, evitando que terminaran contaminando suelo, selva o mar. Son acciones locales con impacto ambiental real.

Bienestar animal: de la ética a la ley

La Cuarta Transformación también cambió la relación del Estado con los animales. La reforma constitucional en materia de bienestar animal, impulsada por la 4T, elevó esta protección a rango constitucional, convirtiéndola en obligación jurídica. De ahí se desprende la Ley Mincho, que puso fin al cautiverio y explotación de delfines y mamíferos marinos. Cuando la ley cambia, la realidad empieza a cambiar.

El reto sigue en pie

Cuando lanzo este reto no lo hago al aire ni por consigna. Lo hago desde la comparación histórica. Que alguien muestre otro movimiento político que haya protegido más territorio, fortalecido más la ley ambiental, defendido con mayor firmeza la soberanía, incorporado justicia social a la agenda ecológica y pasado del escritorio al territorio.

La historia es clara: el antes fue saqueo, simulación y abandono. El presente es un Estado activo, cercano a la comunidad y con decisiones firmes.

Por eso reitero, sin ambigüedades: reto a quien sea a demostrarme que la Cuarta Transformación no es el movimiento más ambientalista de México.

Por Óscar Rébora Aguilera
Secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo
Presidente de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE)

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La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026–2030, un portafolio que busca acelerar obra pública y detonar proyectos con esquemas mixtos (Estado + iniciativa privada), sin ceder el control gubernamental en las sociedades conjuntas. La apuesta es clara: usar infraestructura como palanca de crecimiento, logística y servicios, con una narrativa de bienestar y competitividad.

Los números clave

• Monto total 2026–2030: 5.6 billones de pesos (público y mixto).

• Solo 2026: 1.6 billones, de los cuales ~900 mil mdp serían públicos y ~722 mil mdp privados/mixtos.

• Hacienda planteó que la inversión pública en 2026 se refuerza hasta rondar 2% del PIB con recursos adicionales.

¿En qué se va a concentrar?

El plan se divide en ocho sectores: energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos.
En la distribución presentada en medios, energía concentra alrededor de 54% del paquete, seguida de trenes (16%) y carreteras (14%), con participaciones menores para puertos, salud y agua.

Qué significa para empresas y estados

• Más pipeline de obra: una cartera amplia de proyectos (se habló de más de 1,500), lo que abre licitaciones, subcontratación y cadenas de suministro.

• Infraestructura “habilitadora” del nearshoring: energía + movilidad + logística, para bajar costos y tiempos en corredores industriales.

• Ejecución y seguimiento: se plantea coordinación desde Hacienda y un esquema de gobernanza para empujar proyectos y evitar rezagos.

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En febrero vuelve a circular la alarma sobre supuestas “congelaciones masivas” de cuentas en bancos como BBVA México, Citibanamex, Banco Azteca y Santander México. El punto fino es este: la autoridad sí tiene facultades para inmovilizar depósitos, pero no opera como un barrido general, sino como una medida de cobro/garantía vinculada a créditos fiscales y al procedimiento de ejecución.

De acuerdo con la orientación oficial, la inmovilización significa que el contribuyente no puede disponer de recursos “hasta por el importe” del adeudo actualizado y accesorios, y se activa principalmente en dos escenarios:

1. Adeudos firmes (no se impugnaron o el medio de defensa concluyó a favor del SAT), y la autoridad ordena a la banca inmovilizar y, en su caso, transferir recursos hasta cubrir el monto.

2. Adeudos en litigio que debían garantizarse y no se garantizó (o se garantizó insuficientemente), por lo que se inmoviliza lo necesario como garantía.

En paralelo, la autoridad notifica el acto vía Buzón Tributario, personalmente o por estrados, según el caso.

Lo que sí puedes afirmar (sin ruido)

• La inmovilización es por monto: no implica “cierre total” por capricho, sino hasta cubrir adeudo y accesorios.

• Existe la opción de ofrecer otra garantía (depósito, prenda/hipoteca, fianza, etc.) para evitar que el bloqueo recaiga en depósitos bancarios.

Depósitos en efectivo: qué se reporta y qué NO significa

Más allá de la inmovilización, hay una obligación informativa del sistema financiero: las instituciones deben reportar (vía declaración mensual) los depósitos en efectivo que, en una misma institución, excedan $15,000 acumulados en el mes, y también operaciones como adquisiciones en efectivo de cheques de caja.

Dos precisiones clave:

• Transferencias electrónicas y traspasos no se consideran “depósitos en efectivo” para esta obligación.

• Que el banco reporte no significa un impuesto automático: el viejo IDE fue abrogado desde 2014; lo que permanece es el cruce de información para fiscalización.

Qué hacer si tu cuenta aparece inmovilizada

• Verifica notificaciones en Buzón Tributario y tu situación fiscal.

• Para identificar el motivo, la guía oficial indica acudir al SAT para confirmar si hay adeudos pendientes o no garantizados.

• Regulariza: pago o garantía suficiente (si hay medio de defensa).

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Entre ellas se encuentran autopistas y la modernización de cruces fronterizos que tienen como objetivo que México aproveche mejor el fenómeno de relocalización de empresas orientadas al mercado de Estados Unidos, explica.

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